En las sociedades de capital, la existencia de distintos intereses, en ocasiones contrapuestos, tales como los de la sociedad, los socios y sus administradores, hacen que en no pocas ocasiones surjan conflictos entre ellos y cuyo campo es la propia sociedad, algo que supone un problema para la mayoría de las empresas y que, en ocasiones, si no si se resuelven de una forma adecuada, pueden acabar con la propia sociedad. Es muy común que el jurista, tengan que enfrentarse habitualmente a conflictos en el seno de una sociedad de capital, defendiendo o asesorando al socio mayoritario, al minoritario o a los socios en situación de paridad que, en ocasiones, es preciso dirimir ante los tribunales, judiciales o arbitrales. Son lo que se ha dado en denominar conflictos societarios, expresión que se utiliza de forma amplia para referirse a todo problema que se produce en el seno de las relaciones entabladas en una sociedad mercantil. La regulación de los conflictos societarios ha experimentado cambios relevantes en los últimos años, singularmente como consecuencia de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, y de las importantes reformas introducidas en el Código Penal en materia de delitos societarios y responsabilidad penal de administradores. Esos cambios han afectado de forma significativa a la propia realidad de los conflictos societarios y a los mecanismos para su generación, sustanciación y resolución.