La titulación de terrenos baldíos en favor de entidades de derecho público es quizás el procedimiento de dotación de tierras más importante dentro de los que constituyen la oferta institucional colombiana. Las adjudicaciones en favor de las poblaciones rurales materializan el interés general: benefician a un particular en condiciones de vulnerabilidad económica y social, que el Estado ha identificado como de necesaria aplicación. Las adjudicaciones a entidades trascienden dichos objetivos, pues no se limitan a beneficiar a un individuo o grupo familiar, sino que al estar destinadas al uso de servicios públicos se erigen como verdaderas materializaciones de la utilidad pública, proyectando sus beneficios sobre la comunidad en general, incluso la de generaciones posteriores. Pese a esto la titulación opera como un proceso administrativo altamente formalista e ineficiente. Se presentan algunas reflexiones que pretenden corregir algunos de tales defectos y encauzar el proceso a sus verdaderos objetivos.