El modelo de justicia para la transición pactado entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia establece componentes de justicia restaurativa, combinados con penas alternativas que buscan tener un enfoque de justicia restaurativa. Este complejo sistema de rendición de cuentas de carácter penal es novedoso en contraste con los sistemas ordinarios de juzgamiento de casos y otras experiencias de posconflicto. Si bien este esquema no solo ha sido considerado, desde una perspectiva comparada como una experiencia promisoria al ser el primero de su naturaleza —pues las partes voluntariamente suscribieron un acuerdo para poner fin a un conflicto armado—, aún existen muchas dudas sobre cómo la idea de justicia restaurativa puede articularse en el proceso de rendición de cuentas que plantea el acuerdo y que debe ser implementado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de sus grandes retos es integrar la pretensión de un enfoque restaurativo en un proceso judicial caracterizado por una marcada preferencia por lo retributivo.